Logrado un consenso total por parte de la dirigencia política nacional en torno al reclamo diplomático de la Republica Argentina en torno a la cuestión Malvinas, transformada en una causa latinoamericana.

  Ayer un conjunto de docentes e investigadores universitarios, periodistas y abogados constitucionalistas, desde una carta que el gobierno Argentino[1] cambie el eje de la política hacia Malvinas, tomando en cuenta el derecho de autodeterminación de los pueblos, es decir, tome como eje de negociación, para no decir la palabra menemista seducción, los intereses de los habitantes de las Malvinas, de esta manera, curiosamente, quienes se dicen defensores de la calidad institucional republicana, y los lazos internacionales de la nación, planteen una especie de “revisión” de la resolución de ONU, del año 1965, que pone como partes de negociación a la Argentina y el gobierno de Gran Bretaña, continuando de esta manera la línea que vienen planteando desde las columnas del diario La Nación, de poner en duda la legitimidad del reclamo sobre la soberanía de las Islas.

   Su argumentación comienza planteando como afirmación la necesidad de pensar la relación entre sociedad civil y el gobierno de la Junta Militar de 1982, de esta manera se producen una serie de deslizamientos no dichos, pero proviniendo de estas plumas, es necesario pensar: si la sociedad civil apoyo no la “causa Malvinas” sino la aventura militar, se produce que esta sociedad civil apoyaría cualquier política por parte de los gobiernos, es decir, le niegan a autonomía a la sociedad civil, y de esta manera, se desliza una equiparación entre la dictadura militar y el actual gobierno, que varias veces lo insinuaron, de manera abierta, o bajo conceptos, como totalitarismo, autoritarismo, además, ven la causa Malvinas como bandera de agitación de nacionalismo, no como un proceso de dar vuelta atrás, la política de des-malvinización, que se produjo durante gran parte de los gobiernos nacionales nacidos en democracia, la Causa Malvinas no es solo una política nacional, sino también, un parte de la política de recuperación de la memoria histórica, un reclamo llevado por un gobierno elegido, y por canales democráticos, respetando la vía diplomática, y no el camino de militarización del Atlántico Sur.   

    La carta plantea la necesidad, de pensar el concepto de autodeterminación, como parte de su propia lógica de construcción nacional, tomando la incorporación del territorio patagónico, como ejemplo, de nuevo uno podría pensar mal, y decir la Patagónica es un ejemplo de la Argentina Colonialista, sin pensar sobre que intereses de clase se produjo la incorporación de la misma, los mismos intereses del diario que les sirven de guardaespaldas a sus columnas, el genocidio de los pueblos originarios es consecuencia de la política de incorporación de tierras por parte de la oligarquía terrateniente porteña,  extraña omisión en base de construir una visión histórica.

   Además esta concepción hace otras omisiones centrales, los habitantes de Malvinas son ciudadanos británicos, es decir, que hasta la lógica mas pura dice, que si hay que negociar es con el gobierno del cual son ciudadanos, habitantes que están ubicados en un territorio cuya soberanía esta en disputa. El derecho de autodeterminación de los pueblos, se aplica a los habitantes originales, no a poblaciones transplantadas, por mas, que algún ex-diputado, use como argumento en algún programa de radio, la teoría de la evolución para explicar que todos los humanos somos una especie de colonizadores mundiales.

   La lucha simbólica es parte de la lucha política, cuando hace un mes atrás, llamaban voceros del gobierno a los miembros de Carta Abierta, nos lleva a preguntarnos los firmantes de esta carta, voceros de que intereses son, ya que la puesta en escena de su palabra, no es inocente, y mucho menos, los escenarios donde los actores ponen su voz.